Traducción no oficial vía softcatala.org
La Plataforma Fruta con Justicia Social denuncia la manipulación de sus reivindicaciones
La Plataforma fruta con Justicia Social, ante el acto convocado hoy en Alcarràs por alcaldesas y alcaldes de municipios frutícolas “para denunciar la campaña de desprestigio activada contra el motor económico de la demarcación” manifestamos, con la más absoluta convicción, firmeza y legitimidad, que la defensa de los derechos humanos y laborales de las personas que vienen a trabajar en el campo no es ninguna campaña de desprestigio contra el sector agrícola. Más bien al contrario, es un ejercicio de responsabilidad para construir un país mejor, con un modelo agrario sostenible que permita al campesinado ganarse la vida dignamente y a los trabajadores tener todos sus derechos garantizados.
Exigir el cumplimiento del Convenio colectivo agropecuario de Cataluña, firmado por sindicatos y patronal, así como lo respecto al marco jurídico internacional y nacional en materia de derechos humanos a los actores implicados, es un deber y un derecho que tenemos como ciudadanas y como sociedad. Negar la realidad o mirar hacia un otra banda, no soluciona los problemas, los enquista y los hace más grandes, como llevamos comprobando desde hace muchos años.
Acusar nuestra Plataforma de criminalizar el campesinado, como reitera la patronal y los responsables de las administraciones –recordémoslo, servidores públicos-, además de un ‘mantra’, responde a una lectura sesgada, interesada y manipuladora de nuestras reivindicaciones, como se puede comprobar en nuestras notas de prensa y las declaraciones a medios.
Hemos afirmado, y seguiremos afirmando, que la mayoría del campesinado hace bien su trabajo, pero no toda, y que el sector tendría que ser el primer interesado a denunciar quién estafa las arcas de la Seguridad Social y quien compite deslealmente al mercado sin haber tenido los costes de quienes lo está haciendo bien.
Hemos denunciado, y seguiremos denunciando, el abandono del campesinado por parte de unas políticas europeas mercantilistas y deslocalizadas, acatadas sin hacer frente por los gobiernos que ahora dicen defenderlos.
Hemos defendido, y seguiremos defendiendo, un modelo agrario sostenible y de proximidad.
Hemos reclamado, y seguiremos reclamando, que las administraciones asuman de una vez por todas sus responsabilidades ante una situación que se repite año tras año, que han cumplir sus compromisos, y trabajar juntss destinando los recursos necesarios para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en especial de los más vulnerables.
Finalmente, recordamos a nuestros representantes a las alcaldías, consejos comarcales, diputaciones, gobierno de Cataluña y del Estado, que lo son de toda la ciudadanía, no solo de la patronal, sino también de las trabajadoras y los trabajadores.
Las declaraciones y actas con únicamente intereses políticos no nos harán desfallecer en nuestra lucha, que no es más que la de poner en el centro la vida de las personas. Sin ellas no existiría “el motor económico de la comarca”.
Lleida, 11 de junio de 2020.
